El manejo de la crisis del COVID-19 tiene dos aspectos primordiales: salvaguardar la salud de nuestro pueblo, que incluye mantener el debido distanciamiento social y aumentar las pruebas y el rastreo de los contagiados; y mitigar el daño a nuestra economía creando las condiciones necesarias para reabrir nuestros negocios y reactivar nuestra fuerza laboral de forma gradual. 

Las medidas de distanciamiento social tienen que venir acompañadas de un aumento significativo en las pruebas de COVID-19, particularmente para las personas que están al frente de la emergencia, como nuestros profesionales de la salud y los que dan servicios esenciales directamente a nuestra gente. 

Asimismo, el rastreo de los casos tiene que avanzar y el análisis de los datos tiene que mejorar. Es indispensable que los datos sobre las personas contagiadas con el coronavirus incluyan: ¿cuántas personas no han requerido hospitalización; cuántas personas han requerido hospitalización; cuántas personas hospitalizadas han requerido un ventilador; cuántas personas hospitalizadas han sido dadas de alta luego de recuperarse; cuántas personas que han fallecido padecían de condiciones crónicas; y cuántas personas que han fallecido no padecían de condiciones crónicas? Esta información es esencial para conocer el estatus real de la pandemia.

Al mismo tiempo, tenemos que reconocer el devastador efecto que ha tenido la cuarentena en nuestra economía, y ser proactivos y diligentes al encaminarnos hacia su eliminación gradual.  Es lógico que el fin de la cuarentena tiene que ser gradual, porque, aunque no podemos estar encerrados indefinidamente, tampoco se puede poner en riesgo la salud del pueblo.  

En primer lugar, el gobierno tiene que acelerar las ayudas económicas pendientes para nuestra gente necesitada, los negocios que han tenido que cerrar y nuestros hospitales.  Eso incluye tomar ventaja de la liquidez del gobierno para adelantar la ayuda federal que todavía éstos esperan. Luego de un mes en el que la mayoría de los residentes de nuestra isla no han podido trabajar, ya tenemos sobre 300,000 desempleados, muchas familias se han quedado sin dinero para comer y subsistir, y muchos negocios no están en condición de poder reabrir.  Es evidente que el dinero que el Gobierno ha destinado inicialmente no es suficiente y tiene que aumentarse. 

En segundo lugar, en cuanto sea posible, tiene que comenzar el proceso gradual de reabrir la actividad comercial.  Poco a poco los negocios pueden ir abriendo, requiriendo el uso de mascarillas y guantes, el debido distanciamiento social, y el monitoreo y discernimiento de la salud del personal.  Gradualmente, se podrán ir añadiendo actividades permitidas, con miras a alcanzar la mayor normalidad posible.  

En tercer lugar, es imperativo que se promueva una colaboración multisectorial sobre cómo mitigar el impacto negativo de la pandemia en los sectores productivos de la economía. Estimados conservadores han puesto ese impacto entre unos $10 y $14 mil millones, lo que también representa una gran pérdida en el poder adquisitivo de nuestra gente.

Las estrategias a llevarse a cabo, en las cuales el gobierno debe ser facilitador pero no gestor, tienen que incluir el análisis de cuáles son las industrias más afectadas, como el sector hotelero y turístico, versus otras que han podido operar parcialmente, como los supermercados y farmacias. Eso ayudará a identificar las acciones necesarias para prender la actividad económica de forma acelerada y establecer cuáles sectores requieren prioridad, qué asistencia necesitan y qué gestiones hacen falta a corto y largo plazo.  

Por otro lado, hay que fomentar el intercambio de conocimiento dentro del sector privado, ampliando la comunicación con todos los sectores y propiciando que aquellos que han sido más afectados emulen prácticas de reinvención y evolución que han sido exitosas aquí y en otras jurisdicciones. Una estrategia específica va a ser necesaria para las PYMES, pues representan el 65% de nuestra economía y muchas aún están en lista de espera para la ayuda del gobierno. También hay que integrar a los municipios para promover estratégicamente la actividad económica a través de toda la Isla, sin que todo esfuerzo se quede en las áreas metropolitanas.  

Finalmente, no cabe duda de que hay que repensar y ajustar los planes fiscales del gobierno y sus corporaciones públicas.  Si vemos una contracción económica de 20—25%, es totalmente razonable que se busque renegociar los acuerdos con los bonistas que están pendientes de revisión en el Tribunal Federal, pues los mismos no deben poner en peligro el sustento de nuestra gente y la capacidad para repagar la deuda. 

Puerto Rico ha sobrepasado grandes pruebas, incluyendo una quiebra gubernamental, huracanes de gran magnitud, y terremotos devastadores, y ahora enfrentamos una pandemia global.  Podemos levantarnos de ésta aún más fuertes, y con un espíritu renovado hacia la reinvención empresarial y la sostenibilidad económica de nuestra bella Isla.